“La fórmula que permite traer niños por gestación subrogada supone un fraude de ley”

  • Octavio Salazar, profesor de Derecho Constitucional, advierte de que la práctica burla la normativa actual

Para Octavio Salazar, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, la fórmula que permite traer a los niños concebidos por gestación subrogada a nuestro país supone un “fraude de ley, ya que está dando cabida por la puerta de atrás a una actividad nula. Jurídicamente, habría que resolverla”, explica. Según el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, es “nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”.

“El problema se plantea -continúa Salazar- cuando parejas o personas solas acuden a otro país donde sí está regulado y llegan con los niños. La Dirección General de Registros del Notariado realizó en 2010 la instrucción que permitía la filiación directa a los padres solicitantes, previa designación de un tribunal, algo que se hizo para proteger los derechos de ese niño”. Para el experto, el hecho de que alguien acuda a un país extranjero a realizar una práctica aquí prohibida y que luego “pretenda solucionarlo” es una forma de burlar la normativa. Hay modelos, dentro de la maternidad subrogada, en los que el país de origen estipula un proceso judicial en el que la madre biológica renuncie a su filiación; en otros contextos, el panorama jurídico es más vago y la madre renuncia a “todos sus derechos en virtud de un contrato gestionado por empresas o clínicas privadas, sin control público: habría que procurar que en todos ellos un juez controlase que se están cumpliendo las normas”.

Una posible solución, afirma, pasaría por un control férreo a través del Derecho Internacional y con una regulación “tremendamente garantista, no sólo con los intereses del menor, sino de la madre que gesta y vive el proceso, y por supuesto, sin retribución”. El margen daría lugar a casos muy reducidos, como ocurre en Reino Unido, “y todo bajo control público”. “Aun sí -continúa-, como habría que compensar una serie de gastos, se corre el riesgo de abrir la vía a contraprestaciones”.

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Apunta Octavio Salazar, que se encuentra trabajando el tema a nivel jurídico en más profundidad, que existen “intereses económicos muy fuertes” en torno a la maternidad subrogada: “Se habla, por ejemplo, del derecho a la descendencia. ¿Dónde está ese derecho reconocido? No tener hijos te pueda causar daño psicológico y emocional, por supuesto que sí, pero no es una necesidad básica. Y el derecho público, desde luego, no puede garantizarte el uso del cuerpo de otro -desarrolla-. Hemos entrado en una dinámica de falta de ética: bajo el paraguas de que no se puede adoptar una actitud paternalista con las mujeres y que son libres para decidir qué hacer con su cuerpo, se oculta que aquí la mujer es libre hasta que firma el contrato. Todo parece posible bajo una idea neoliberal de los deseos. Mediáticamente, además, nos bombardean con las imágenes de familias felices. Hay que tener claro que la persona es un fin en sí mismo y no un medio para los intereses de otro”.